La más reciente avanzada política por parte del Movimiento Indígena y el progresismo en el país ha abierto la puerta para que las Entidades Territoriales Indígenas sean finalmente reglamentadas en el Congreso de la República. En esa línea, la Mesa Permanente de Concertación viene trabajando en un documento con miras a la consolidación de un proyecto de ley que le dé a las ETI una concreción definitiva. Este documento fue presentado recientemente, en espacio autónomo de la MPC, el pasado 7 de octubre en la ciudad de Popayán.
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La búsqueda de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) tiene una larga historia. Ya en la Asamblea Nacional Constituyente del noventa, los representantes de los Pueblos Indígenas (Alfonso Peña Chepe, Francisco Rojas Birry y Lorenzo Muelas) habían insistido en la necesidad de consolidarlas y establecerlas en el orden político-administrativo del país. De alguna manera, en aquella ocasión se logró un avance significativo, dado que la Constitución del 91 alcanzó a esbozarlas en sus artículos 329 y 330.
En estos artículos, a grandes rasgos, se definió que las ETI serían delimitadas entre el Gobierno nacional y los representantes de las comunidades, y que su administración se llevaría a cabo por parte de los consejos indígenas; que estos consejos desarrollarían las políticas de desarrollo económico, percibirían y distribuirían los recursos, coordinarían los programas de las comunidades, velarían por el orden público y representarían los territorios ante el Gobierno nacional. Todo ello fue una muy buena noticia para las aspiraciones indígenas de administrar por cuenta propia sus territorios y los recursos correspondientes. No obstante, no era la Constitución la que había de reglamentar las ETI, sino el Congreso de la República. En ese trámite han pasado ya algo más de 30 años.
Ahora bien, en este nuevo periodo político se ha reactivado la posibilidad de concretar la reglamentación de las Entidades Territoriales. La Mesa Permanente de Concertación, con la participación de las siete organizaciones que en ella tienen asiento (ONIC, OPIAC, CIT, AICO, Gobierno Mayor, CRIC y AISO), ha adelantado la redacción de un documento encaminado a constituirse en un proyecto de ley que lleve a buen término esta larga búsqueda. Dicha redacción ha sido dirigida por el mayor Francisco Rojas Birry, y ejecutada por el equipo jurídico de la Mesa Permanente de Concertación.
Antes de los escollos políticos propios que pueda tener la ruta hacia la reglamentación de las ETI en el Congreso, lo primero que ha querido hacer el equipo redactor ha sido armonizar las diversas posturas que hay frente a las mismas dentro del Movimiento Indígena. “Nos ha correspondido trabajar este tema que no ha sido fácil -dijo Rojas Birry, en sesión de la MPC llevada a cabo el mes de octubre, en Popayán-, y es que no nos hemos puesto de acuerdo los Pueblos Indígenas. El CRIC tiene una propuesta sobre la autonomía territorial. Los hermanos wayúu tienen otra, y así sucesivamente las otras organizaciones y pueblos. Lo que hemos hecho con los abogados del equipo es buscar acercamientos de estas diversas propuestas que hay”.
Y es que el tema no puede ser definido bajo una sola mirada. El mismo Rojas Birry, por ejemplo, reconoció que las aspiraciones o las proyecciones acerca de las ETI habían cambiado mucho desde lo planteado a inicios de los noventa, en los tiempos de la Constitución. “En la Asamblea Nacional Constituyente, cuando hablamos de las Entidades Territoriales Indígenas, muy seguramente estábamos hablando casi que de la municipalización de las entidades de los Pueblos Indígenas. No sé si los Pueblos Indígenas quieren eso hoy. Es un tema grueso. ¿Queremos convertir a nuestras autoridades en algo parecido a los alcaldes municipales? ¿Queremos que los resguardos sean entidades gobernadas por consejos territoriales, que es lo que dice la Constitución, o que se gobierne más bien de acuerdo a nuestros usos y costumbres?”
Luego, en la construcción del documento, se ha seguido un camino que busca garantizar la mayor participación posible de las organizaciones y los pueblos, así como una verdadera efectividad a la hora de lograr los objetivos propuestos: “Desde la UTL del senador Polivio Rosales -dijo Jorge Barrera, abogado de la MPC- existía ya la intención política de armar una ruta que nos permitiera crear una ley de Entidades Territoriales suficientemente adecuada para todos los pueblos y que brindara ciertas garantías: primero, la autonomía de los Pueblos Indígenas tenía que ser lo primordial; segundo, tenía que trabajarse en el marco de una disposición normativa que permitiera a todos los pueblos establecer sus propios usos y costumbres; tercero, debían tomarse en cuenta las experiencias de los anteriores documentos que habían intentado radicarse, pero que no prosperaron por el ambiente político; y cuarto, tenían que ser incluidas las aspiraciones de las diversas organizaciones: para eso se estableció un equipo conformado por un político y un técnico de cada una de las siete organizaciones de la MPC”.
Después de estas pautas, se han ido definiendo los principios que deben guiar la creación y reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas. El documento compartido por el mayor Rojas Birry y por el equipo jurídico de la MPC, el pasado 7 de octubre en espacio autónomo de la MPC en Popayán, integra ya estos principios fundamentales sin los cuales no podrían consolidarse de manera legítima las ETI de nuestros pueblos. Entre ellos se menciona que estas deberán regirse por la protección de la vida y la subsistencia cultural, la autonomía y la libre determinación, el reconocimiento de la Madre Tierra como fuente de vida y maestra de conocimiento, la diversidad, la interculturalidad y la objeción cultural, entre otras. En términos generales, las Entidades Territoriales deberán seguir las líneas definidas en la larga lucha del Movimiento Indígena, en lo que respecta a la defensa de los derechos de los pueblos y de la naturaleza.
Quedará todavía dar unos cuantos pasos más para lograr la reglamentación de las ETI por parte de la institucionalidad colombiana. En todo caso hay ya unos avances relevantes. Es importante que los Pueblos Indígenas y la sociedad en general perciban su existencia y comprendan la necesidad de su concreción: “Los contrarios nuestros -dijo Rojas Birry- creen que con esto vamos a convertirnos en República independiente, cuando no es así. Las Entidades Territoriales Indígenas hacen parte de la estructura político-administrativa del país. De hecho, hoy ya existimos. Recuerden ustedes que los resguardos indígenas, con el cumplimiento previo de unos requisitos, pueden manejar directamente los recursos del Sistema General de Participación. Sin embargo, de los ochocientos y pico de resguardos, más territorios ancestrales, solo unos once están certificados para la administración de los recursos del Estado”. Más tarde, agregó: “Soy un defensor de las entidades territoriales indígenas. En mi opinión, si las logramos reglamentar, las ETI ayudarán a resolver muchos asuntos. Las comunidades indígenas pueden manejar su educación. pueden manejar su salud, sus obras, sus proyectos de vida, sin permiso de nadie, y pueden cofinanciar sus proyectos, pueden hacer lo que hace cualquier otra instancia administrativa del Estado colombiano”.
Por Redacción MPC
