El mapa del conflicto armado es el mismo mapa de la expansión minero-energética y las economías extractivas. Si bien, frente a estas circunstancias debemos identificar los responsables (grupos armados, empresas extractivistas y entidades financieras), también es necesario poner la mirada en las comunidades afectadas. Son estas las llamadas a crear las alianzas y resistencias tanto locales como globales para contener la explotación de nuestros territorios.
Por Redacción MPC / Ann Murcia Escalona
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La Mesa Permanente de Concertación ha activado el diálogo y la acción alrededor del problema de la extracción de combustibles fósiles en nuestros territorios. Se trata de un problema cuyas consecuencias van desde la afectación directa a los habitantes de cada comunidad y sus respectivos ecosistemas, hasta las peligrosas alteraciones climáticas que ponen en riesgo la pervivencia de la humanidad.
Frente a las amenazas de las economías extractivistas se hace necesario identificar todos los actores que participan de ella o que la estimulan, y enfrentarlos de la manera más enérgica posible. En correspondencia con este objetivo, el pasado mes de diciembre, la MPC convocó al Movimiento Indígena y demás activistas por el equilibrio de la vida al Foro Cancelación Financiera sobre Proyectos Extractivos de Fósiles y Redd+.
En dicho foro se habló de la creación de la Coalición de los Pueblos por la Justicia Climática y la Regulación Financiera, de las estrategias para contener la subvención de proyectos extractivistas por parte de la banca mundial, y, muy importante, de la necesidad de convocar a la población afectada para crear lazos y tejidos de resistencia.
Compartimos a continuación una de las intervenciones del foro. En esta, encontramos un análisis de las correspondencias entre conflicto y extracción, y una invitación seguir creando alianzas, tanto locales como globales.
Conflicto, extracción y procesos de resistencia
Por Ann Murcia Escalona*
Es importante volver a poner este tema sobre la mesa, el tema de quién financia, con la pregunta de los beneficios para quién, pero también a costa de qué. Todos los que estamos acá hemos visto durante décadas cómo estos procesos y proyectos extractivistas han ido muy de la mano de la movilidad, de la expansión y de la forma en que el conflicto se reproduce en Colombia.
Cuando uno empieza a revisar cuál ha sido el mapa de movilidad del conflicto, dónde estuvo más fuerte en qué año, hacia dónde se fue moviendo, uno ve que es el mismo mapa de los territorios impactados por los proyectos extractivistas. Entonces, desde el 94 o 96, más o menos, el foco del conflicto en el país era el Magdalena Medio. La arremetida contra las comunidades locales, contra las poblaciones campesinas, indígenas, y contra la población organizada: sindicatos o movimiento estudiantil, fue muy fuerte durante esta época, durante esta década. Al mismo tiempo, se empieza a ver, ahí en el Magdalena Medio, un pozo de petróleo cada kilómetro.
Luego, el conflicto fue escalando hacia la zona del Catatumbo, el Cesar, La Guajira, hacia el Caribe colombiano, Córdoba y demás, como una fuerza muy grande, muy concentrada en 2001, 2002, con una expansión paramilitar fuertísima, y con unos procesos de desplazamiento masivo y de degradación y barbarización de la guerra. Se dio todo ese conflicto interno colombiano, donde las grandes víctimas fueron principalmente comunidades campesinas y comunidades indígenas, y comunidades afro y población organizada.
Uno revisa, entonces, qué pasó en estas zonas, qué hay hoy instalado, y se empieza a ver que hay puertos marítimos privados para la extracción a gran escala, precisamente del petróleo y precisamente del carbón que ya estaba funcionando en otras regiones del país. Empieza a haber una expansión masiva y creciente de la minería, y sobre todo de la minería de carbón. Allí aparecen estos señores de los que hablábamos hace un momento, por ejemplo, como socios principales de la explotación minera en el Caribe colombiano.
Nosotros siempre escuchamos hablar, por ejemplo, de El Cerrejón, que es una mina de la Glencore muy grande; y cuando uno va al Cesar y empieza a ver todo el complejo de Calenturitas, que está manejado por Prodeco, donde Glencore también es socio, y empieza a mirar toda la extracción minera de la La Loma, de la Jagua del Ibirico, en asocio con el capital financiero estadounidense a través de empresas como la Drummond, uno ve que el complejo minero es dos veces más grande que el de El cerrejón.
Y todo esto con el impacto que tiene a nivel ambiental. También hay que ver que para poderse desarrollar tuvo primero un costo humano muy alto, un costo humano que, incluso con los procesos de esclarecimiento de verdad que se han hecho en el país, con los procesos de reconstrucción de memoria, todavía no alcanzamos a dimensionar; no alcanzamos a percibir la magnitud de lo que sucedió en estos territorios, y estamos hablando de hace dos décadas, de hace 20 años, y esto sigue sucediendo.
Y cuando empezamos a mirar hacia dónde se movió el conflicto después, lo vemos desplazándose hacia el sur del país, hacia el Putumayo, hacia la Amazonía, y cuando uno mira qué está pasando, se encuentra con el mismo patrón. Entonces la pregunta, frente al conflicto, casi siempre suele ser qué hay debajo de la tierra para que todo lo que esté arriba lo estén matando: a la gente, a todas las formas de vida. Uno encuentra entonces esa conexión. Casi que, si hacemos un mapa del conflicto y le ponemos encima un mapa de los proyectos extractivistas, son idénticos.
Entonces, estamos hablando del capital financiero que costea no solo la extracción de los recursos, sino lo que requieren y lo que han hecho para llevar a cabo esa tarea. Y hay que decirlo: en Colombia, la extracción de recursos, desde la Colonia, tiene el mismo modelo, y es un modelo basado en sangre, en sacar a toda la población de los territorios para poder tener una entrada libre a las zonas y poder extraer.
Pero de dónde sale el recurso, cuáles son los grandes capitales financieros que están acompañando el proceso. Nosotros llevamos más de tres décadas haciendo incidencia internacional, con las poblaciones indígenas organizadas de Colombia, yendo a diferentes países, principalmente a Suiza, y no porque en Suiza esté una de las sedes de Naciones Unidas, sino porque en Suiza es donde están los grandes capitales financieros que apalancan estos proyectos en los territorios. Hemos estado allá durante más de tres décadas diciendo ¡paren el genocidio!, ¡paren el ecocidio!, ¡paren la vulneración del derecho a la vida en todas sus formas! Nos queda todavía mucho trecho.
Hace unos años, hacia el 2020, Cerrejón empieza su proceso de retirada de cierre de la mina, pero con las guerras actuales, el precio del carbón vuelve a subir. La estrategia de cierre del Cerrejón era una estrategia a 14 años, una estrategia de salida, en la que se supone, ellos iban a hacer un proceso de compensación hacia las comunidades locales que nunca terminaron de definir. Y digamos que hubo un cierto alivio al decir, bueno, ya se van, van a dejar el hueco hecho, no importa, pero se van.
Pero con la subida del precio, Cerrejón retiró el plan de salida, y en lo que están es en un plan de expansión, y esa es la realidad que tenemos. Nuestra seguridad, la garantía de la vida en nuestros territorios, casi que está definida por el precio que le ponga la bolsa internacional a los recursos que se extraen de aquí, y que han extraído a punta de sangre y muerte.
Entonces, frente a la pregunta que nos hacíamos: ¿qué podemos hacer? Es importante e imperativo que este proceso atraviese varias fases. Por un lado, se requiere de las voluntades políticas para poder generar una cancelación de estos proyectos dentro del territorio. Esta postura, en un país como Colombia, es nueva.
En los Gobiernos inmediatamente anteriores basaron el Plan Nacional de Desarrollo y el plan económico del país en el extractivismo. No sé si ustedes recuerdan que nosotros, hasta hace muy poquito, estábamos hablando de la locomotora minera en el país como una vía de financiación de la política pública y de la política estatal nacional. Era el único recurso, era la única fuente de financiación, y eso permitía que se estructurara normativamente el país en función de brindar garantías tributarias, garantías para la operación y garantías financieras para los grandes capitales.
Es decir, era una bienvenida: vengan que aquí estamos, aquí tenemos los recursos, tenemos una seguridad controlada en la zona… pues porque ya se mató a todo el mundo: estos son territorios -por decirlo así- liberados, entonces entren.
Desde hace un año y medio empezamos a cambiar la matriz de pensamiento político, económico y estatal para decir: podemos hacer algo distinto desde la noción de la protección de la vida en todas sus formas. Esto implica también la toma de decisiones políticas al respecto. Entonces, pasa primero por ahí, por una voluntad política que permita una transformación normativa del Estado, y también de las fuentes de distribución y de la distribución financiera que hay dentro del Estado.
Pero más allá de eso, hay que empezar a mirar los procesos del territorio, los procesos de resistencia por la vida que adelantan los Pueblos Indígenas, las comunidades campesinas y las comunidades organizadas. Hay que empezar a hablar de cuáles son las condiciones para generar procesos simétricos dentro de estas discusiones a nivel global. Pasa por las alianzas, pasa por el entendernos como parte de un todo. Como territorio, somos los que hemos tenido que asumir los costos más altos para el beneficio de unos pocos y para el desarrollo perfecto de otros, entonces debemos empezar a construir alianzas.
Las alianzas deben ser globales, pero también hay que empezar a mirar cuáles son los procesos que se han ido tejiendo desde los territorios, desde los Pueblos Indígenas, como una respuesta cognitiva; relacionar lo que sabemos, lo que hacemos ancestralmente, milenariamente, desde los sistemas de conocimiento propio, que hacen parte también de las formas de resistencia y de lucha que hoy permiten que estemos hablando de los procesos de conservación de la vida en medio del conflicto, en medio de la guerra y en medio del caos. Debemos tejer alianzas, compañeros.
*Ann Murcia Escalona es socióloga y candidata a Magister en Políticas de Desarrollo. Defensora de derechos humanos y ambientales. Coordinadora Ambiental de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Ambiental Indígena – CNAI de la MPC.
