Colombia ha visto frustrado, por mucho tiempo, el anhelo de vivir una paz verdadera entre sus pobladores y en relación con su territorio. Frente a esta lamentable circunstancia, el Gobierno actual ha propuesto una serie de acuerdos para superar la espiral de violencia que nos ha destruido. Los Pueblos Indígenas, por supuesto, nos hemos sumado a dichos propósitos. No obstante, no queremos ser un actor pasivo en las transformaciones que requerimos. La construcción de la paz, para que sea verdaderamente efectiva, tendrá que contar con nuestra participación, y no podrá prescindir de nuestras estructuras ni de nuestros sistemas de conocimiento.
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Una de las propuestas capitales del Gobierno de Gustavo Petro ha sido la de impulsar, construir e implementar un proyecto de paz integral, que involucre todos los sectores de la sociedad. Este proyecto ha sido definido por el presidente de la República con el nombre de Paz Total. Esta denominación ha llegado a ser parodiada desde ciertas orillas políticas, contrarias a los propósitos de cambio que ha planteado este Gobierno. En todo caso, más allá del nombre, más allá de que enuncie una utopía, los Pueblos Indígenas nos hemos suscrito a los objetivos que integra la Paz Total y nos hemos dispuesto a andar el camino necesario para su realización.
La razón por la que nos hemos sumado a dicha búsqueda es muy sencilla: hemos padecido la guerra, la seguimos padeciendo, llevamos en nosotros las marcas de sus atrocidades. No buscamos otro destino para nuestros territorios diferente a uno en el que por fin cesen los disparos, las ejecuciones, el reclutamiento, la usurpación, el confinamiento y el desplazamiento forzado. Ahora bien, más allá de aprobar y apoyar el proyecto de la Paz Total, también hemos exigido hacer parte de la ruta y de la toma de decisiones que se den en los diálogos planteados por el Gobierno nacional.
Ya desde los días de inicio del Gobierno del cambio, el presidente empezó a mover las fichas necesarias para retomar los diálogos de paz con el ELN, los cuales habían sido frustrados en el Gobierno anterior. Entre otros movimientos, el presidente suspendió las órdenes de captura y extradición contra los integrantes de la delegación de paz del ELN y sancionó la Ley 418 de 2022 sobre la Paz Total, la cual definió la política de Estado para preservar y garantizar la seguridad humana, a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia. Días después se instaló la mesa de diálogo en Caracas, con una declaración conjunta en la que se enunciaba que se daría “la mayor participación posible y eficaz de la sociedad, priorizando a los sectores históricamente marginados”.
Después de estos primeros pasos vinieron otros movimientos también importantes para la búsqueda de la paz: la entrada de países garantes y acompañantes como México, Noruega, Cuba, Chile, Brasil y España, y el cese al fuego bilateral con el ELN. Al final del segundo ciclo de conversaciones, que se llevó a cabo en México en el mes de marzo de este año, los líderes negociadores presentaron una agenda definitiva de seis puntos que guiaría el diálogo entre las partes. Entre estos puntos hubo uno que se refería a la presencia de la sociedad en la construcción de la paz.
La intervención de la ciudadanía en los diálogos ha sido planteada a través de un Comité Nacional de Participación, el cual vendrá a ser el encargado de recoger, sistematizar y presentar las propuestas de la sociedad civil. Estas propuestas deberán ser acogidas de manera automática y vinculante por la mesa de negociación. Aquí, por supuesto, en este Comité, es donde también tendrán una importante representatividad los Pueblos Indígenas de Colombia.
Hay que decir, en todo caso, que esta representatividad se dio después de que el mismo Movimiento Indígena, a través de la Mesa Permanente de Concertación, insistiera en que la participación de los pueblos no podía limitarse a unas pocas plazas dentro del Comité. Inicialmente, se había propuesto que todos los grupos étnicos, incluidos afrocolombianos, raizales y Pueblo Rrom, tuvieran una representación de 5 personas, lo cual resultaba ser insuficiente para las necesidades de cada uno de estos sectores.
Ya entre nosotros los indígenas hay una gran variedad de circunstancias y realidades que no podrían ser transmitidas por solo dos o tres personas. Cada una de las 115 naciones que componen los Pueblos Indígenas tienen unas particularidades específicas, que deben ser miradas con mucho detenimiento en función de la reivindicación de sus derechos. La MPC, por otro lado, reúne a 7 grandes organizaciones que, a su vez, integran otras estructuras organizativas, cada una con sus propios avances, investigaciones y gestiones, en función de las necesidades de las comunidades y los territorios.
Fue por esto entonces que, tras extensos diálogos, las organizaciones con asiento en la Mesa Permanente de Concertación, y a través también de la intervención de Dayana Domicó, integrante indígena del equipo negociador del Gobierno nacional, lograron un cupo de 9 plazas en el Comité Nacional de Participación, el cual será el encargado de construir la Política Nacional de Participación, en el marco del proceso de Diálogo entre el Gobierno y el ELN. Estas 9 plazas, entre las cuales hay una específica en representación de las mujeres indígenas, tendrán el objetivo de velar por los intereses, no de sus organizaciones, y no solo de los pueblos a los que pertenece cada participante, sino de los 115 Pueblos Indígenas de todo el territorio nacional.
El primer paso dentro de este comité, por parte de la representación indígena, fue presentar una propuesta metodológica para desarrollar todo el proceso de participación, teniendo como parámetro ineludible y constante el respeto de las estructuras propias y el acatamiento a los sistemas de conocimiento en el marco de los diálogos.
Sabemos que la ruta será compleja. Hay preocupaciones por la realidad en los territorios, donde todavía se vive el conflicto armado a pesar del cese al fuego. Las garantías de seguridad tendrán que ser un requisito indispensable para que los Pueblos Indígenas puedan participar en este diálogo, máxime cuando el solo hecho de hacer parte del Comité genera ya unos riesgos muy altos, debido al nivel de exposición tanto de los representantes como de sus comunidades. El Gobierno nacional deberá crear las condiciones propicias para que este acompañamiento de la sociedad civil, en general, y de los líderes y lideresas indígenas, en particular, pueda desarrollarse de manera segura y pueda conducir al cambio anhelado.
Por su parte, la Mesa Permanente de Concertación, con respecto al avance hacia la Paz Total, seguirá operando como canal de comunicación entre la dirigencia y las autoridades territoriales, y como escenario de control, diálogo y exigencia democrática frente al Gobierno nacional.
