La Jurisdicción Especial Indígena (JEI) es el derecho que tienen los Pueblos Indígenas de Colombia a ejercer funciones de justicia dentro de sus territorios, a través de sus propias autoridades, normas y Sistemas de Conocimiento en Justicia Propia.
Este sistema de justicia se encuentra reconocido por la Constitución Política y se fundamenta en la autonomía, la identidad cultural, la Ley de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio de cada Pueblo.
La JEI no es únicamente un mecanismo sancionatorio; es una expresión del Gobierno Propio que busca restablecer el equilibrio individual, comunitario y territorial desde la cosmovisión y los principios que orientan la vida colectiva de los Pueblos Indígenas.
La JEI es fundamental porque garantiza el respeto a la diversidad étnica y cultural del país y protege la autonomía de los Pueblos Indígenas. Para las comunidades, fortalece el gobierno propio, preserva la identidad cultural y asegura una justicia cercana, restaurativa y acorde con sus valores. Para el país, la JEI contribuye a la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la protección de los territorios y la construcción de un Estado plural y diverso.
Las autoridades son legitimadas por la comunidad y ejercen la función jurisdiccional conforme a sus normas, principios culturales y prácticas ancestrales, respetando los límites constitucionales y los derechos fundamentales.
Los principales mecanismos reguladores de la JEI son:
La JEI aporta al cuidado integral porque concibe la justicia como un proceso de armonización del cuerpo, el espíritu, la comunidad y el territorio. Sus decisiones buscan sanar el daño causado, fortalecer los lazos comunitarios y restablecer el equilibrio espiritual y social. De esta manera, protege la vida, la dignidad y el bienestar colectivo de los Pueblos Indígenas.
La ruta de la JEI inicia con el conocimiento del caso por parte de la autoridad indígena competente. Continúa con el diálogo comunitario, la escucha de las partes y la orientación espiritual o cultural correspondiente. Posteriormente, se adoptan medidas propias de corrección, reparación o armonización. Cuando el caso lo requiere, se activa la coordinación con entidades del Estado para garantizar derechos fundamentales.
La JEI se fundamenta principalmente en:
Autonomía y gobierno propio. // Respeto por la diversidad cultural. // Protección de los derechos fundamentales. // Prevalencia del diálogo, la reparación y la armonización. // Coordinación y respeto mutuo con el sistema judicial nacional.
Aunque no hay un procedimiento uniforme, en la práctica la JEI se activa a través de una ruta general que puede variar según el pueblo indígena:
Ocurrencia del hecho dentro del territorio indígena o que involucra a miembros de la comunidad.
Conocimiento del caso por parte de la autoridad indígena competente (cabildo, consejo, asamblea u otra autoridad tradicional).
Verificación de competencia, teniendo en cuenta el territorio, las personas involucradas y la naturaleza del conflicto.
Aplicación de las normas y procedimientos propios, que pueden incluir diálogo, orientación, sanciones restaurativas o procesos de armonización.
Decisión de la autoridad indígena, orientada a restablecer el equilibrio comunitario.
Coordinación con la jurisdicción ordinaria, cuando es necesario para garantizar derechos fundamentales o resolver conflictos de competencia.
