Comunicado Acuerdo ESCAZU

Cartagena. 29, 30 de septiembre de 2020

La Mesa Permanente de Concertación Indígena.

Dirigido a: Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Tecnologías y Comunicación y Misterio de la cultura, Secretarías de Cámara y Senado de la República.

Nosotros los delegados de los Pueblos Indígenas con asiento en la MPC, Decreto 1937 de 1996, reunidos en sesión autónoma, una vez analizado el trámite de ratificación en el congreso del acuerdo de ESCAZU, nos permitimos hacer:

La siguiente consideración.

El pasado 22 de septiembre el senador Ernesto Macías del partido Centro Democrático solicitó en una carta dirigida a la Ministra del Interior que se detenga el trámite legislativo del proyecto de ley 057 de 2020 aprobatoria del Acuerdo de Escazú. La carta pide “la suspensión del trámite legislativo, hasta tanto no se surta la consulta previa respectiva, la cual es importante que se realice de manera presencial una vez se termine la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, que permita garantizar a las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras el pleno conocimiento sobre la medida legislativa”. Dice la carta también que esta suspensión es necesaria para que las comunidades “libremente y sin interferencias, puedan valorar conscientemente las ventajas y desventajas que pueden tener las medidas (sic) sobre la comunidad y sus miembros e igualmente que puedan ser oídas”. Finaliza la carta el Senador pidiendo propender por “la concertación, la participación y preservación de la identidad diferenciada de los pueblos indígenas y tribales y la eficacia del mandato superior de reconocimiento y protección de la diversidad étnica, más cuando una vez aprobada la ratificación para la implementación del Acuerdo, se deberán tomar otras medidas”

Ante esta misiva, la Mesa Permanente de Concertación Indígena se permite manifestar lo siguiente:

1. Las organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación Indígena (ONIC, OPIAC, CIT, AICO y Autoridades Tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor) nos permitimos aclarar que no hemos solicitado al Gobierno ni al Congreso que se detenga el trámite legislativo del proyecto de ley 057 de 2020 aprobatoria del Acuerdo de Escazú por falta de consulta previa. En ese sentido, manifestamos nuestro profundo y categórico RECHAZO a la instrumentalización oportunista del derecho fundamental a la consulta previa por parte del senador Macías y de los miembros de su bancada que han replicado o difundido su desafortunada carta. La consulta es un derecho fundamental de los pueblos étnicos que está relacionado con nuestro derecho a la autodeterminación. Ni el senador Macías, ni ningún tercero tiene legitimidad ni autorización de hacer solicitudes de mala fe y sin consentimiento ni aprobación de nosotros, las autoridades legítimas y titulares del derecho a la consulta previa. Siempre que hemos considerado que un proyecto, decisión o norma debe ser consultado, lo hemos manifestado de forma explícita. No necesitamos ni hemos pedido al senador Macías ni a ningún tercero manifestarse en nuestro nombre.

2. En consecuencia, RECHAZAMOS y CONDENAMOS la petición del senador Macías, la cual desnaturaliza y desfigura de forma malintencionada el derecho fundamental a la consulta previa, así como la autoridad y legitimidad de las organizaciones que conforman la MPC. Como lo ha señalado la Corte Constitucional en múltiples ocasiones, uno de los principios que guían la aplicación del derecho fundamental a la consulta previa es la buena fe. Si tan comprometidos están el Gobierno y su bancada legislativa con la participación ciudadana y la consulta previa, bien les vendría tomarse en serio este principio y abstenerse de vulnerarlo con este tipo de solicitudes.

3. La MPC ha venido siguiendo con atención la discusión sobre el Acuerdo de Escazú. Las organizaciones que conformamos la MPC consideramos que este tratado contiene disposiciones que no restringen, sino que fortalecen las garantías de participación para los pueblos indígenas. Consideramos que hay complementariedad entre el contenido del Acuerdo de Escazú y las garantías para la participación indígena que ya están reconocidas en el Convenio 160 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y múltiples pronunciamientos de las altas cortes colombianas. En ese sentido, exigimos al Gobierno cumplir con el compromiso que hizo a la ciudadanía después del Paro Nacional de 2019 el cual consistió en promover y lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú.

4. En consonancia con la postura que hemos sostenido siempre, las organizaciones de la MPC consideramos que si en desarrollo y aplicación del Acuerdo de Escazú, una vez este esté ratificado, se llegan a expedir disposiciones de orden legislativo o administrativo que generen afectaciones a los derechos de las comunidades étnicas de manera específica y directa, dichas medidas deberán ser consultadas. Por lo pronto, manifestamos nuestra petición expresa al gobierno nacional y al Congreso de la República de que tramiten de forma urgente el Acuerdo de Escazú y expidan su ley aprobatoria antes del próximo 16 de diciembre.

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